Cuando la tragedia de la discoteca Jet Set sacudió al país, en el Congreso se originaron más de 20 iniciativas para supervisar edificaciones o para auxiliar a los familiares de las víctimas. No obstante, el tiempo y la falta de seguimiento en las comisiones diluyeron las propuestas que en su momento fueron prioritarias para el liderazgo congresual.
Al cumplirse este miércoles seis meses del trágico derrumbe, el paquete de iniciativas que una vez fue una prioridad para la Cámara de Diputados y para el Senado, hoy se encuentra en un limbo junto a decenas de proyectos que no tienen rumbo en el Congreso.
En esencia, la mayoría de los proyectos olvidados buscaba que las edificaciones públicas y privadas del país sean supervisadas constantemente de manera obligatoria. Esto para prevenir tragedias como la de la discoteca Jet Set, donde el derrumbe del techo provocó la muerte de 235 personas.
Las iniciativas de ley fueron depositadas en abril de este año y, cuando cumplieron un mes sin ningún avance en las comisiones, su plazo de aprobación se venció. Aunque las piezas siguen vigentes hasta enero del 2026 –cuando concluye la actual legislatura de trabajo- no presentan ningún avance más allá de su presentación en distintas comisiones.
La prioridad olvidada
Una semana después de que ocurrió el derrumbe, la Cámara de Diputados realizó un minuto de silencio en honor a las víctimas y en la misma sesión, el presidente del órgano, Alfredo Pacheco, indicó que el Congreso estaba en disposición de colaborar para la construcción de soluciones duraderas para las familias afectadas y para garantizar la seguridad de la población frente al deterioro de las infraestructuras públicas.
Además, garantizó que todas las iniciativas para supervisar obras serían una prioridad para el Congreso, de manera que se ejecute su rápida aprobación, una promesa que nunca se cumplió.
Una revisión a las iniciativas evidencia que todas se encuentran en la comisión permanente de Viviendas, Hábitat y Edificaciones, pero sin avances significativos y sin ningún informe que garantice su aprobación.
Las propuestas presentadas
El proyecto más reciente fue presentado por la diputada Elvira De los Santos y propone que infraestructuras del Estado como hospitales, escuelas, cuarteles y puentes sean sometidas a un mantenimiento obligatorio cada diez años.
Otro proyecto, también con el plazo vencido, fue depositado por el diputado Luis Gómez. Este plantea la demolición de las obras públicas y privadas que no cumplan con las recomendaciones de una nueva Dirección Nacional de Inspección y Evaluación de la Infraestructura.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de dos de sus diputados, introdujo una iniciativa que crearía un sistema nacional de inspección y certificación de edificaciones, así como un registro nacional de inspecciones. Este registro garantizaría que las estructuras públicas y privadas cumplan con condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y habitabilidad.
La diputada Lidia Pérez, hermana del cantante Rubby Pérez —fallecido en la tragedia del Jet Set—, también propuso una pieza legislativa que establece la inspección obligatoria cada cinco años para todas las obras que superen los diez años de construidas, y una supervisión cada ocho meses para las que tengan veinte años o más.
Otra propuesta vigente en el Congreso es autoría del diputado Ramón Raposo, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Su proyecto, en caso de ser aprobado, obligaría a los propietarios de cada establecimiento a colocar en un lugar visible cercano a cada puerta del establecimiento una certificación que indique que cumple con las normas técnicas requeridas.
Una iniciativa legislativa del senador oficialista Pedro Tineo propone la creación del Sistema Nacional de Supervisión de Obras Públicas y Privadas con más de diez años de construcción, un órgano que realizaría evaluaciones periódicas a edificaciones antiguas en todo el país, tanto del sector público como privado.
Otra propuesta de ley, autoría del senador opositor Omar Fernández, propone que los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado huérfanos producto del derrumbe serían declarados sujetos de protección prioritaria del Estado.
En ese sentido, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) coordinaría el acogimiento en familias sustitutas, así como el acceso inmediato a pensiones solidarias y programas sociales como Supérate e Inaipi.
Por: Ismael Hiraldo
