Las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre el manejo del endeudamiento público durante su gestión provocaron este martes una ola de reacciones en los principales partidos de oposición, que cuestionaron las cifras presentadas por el mandatario y el uso que su gobierno ha hecho de los préstamos contratados en los últimos cinco años.

Ayer, durante su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, el mandatario aseguró que el 80 % de la deuda contratada desde 2020 ha sido utilizada para pagar o refinanciar compromisos heredados de las gestiones de los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

El presidente sostuvo que, pese a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 y las tensiones internacionales, su administración ha mantenido una política de endeudamiento prudente. Además, retó públicamente a los partidos opositores a desmentir sus afirmaciones con datos verificables, al tiempo que cuestionó que estos usen cifras “en términos absolutos”, las cuales —según dijo— tienden a distorsionar la realidad por el efecto del crecimiento económico.

Oposición

Las reacciones no tardaron. La Fuerza del Pueblo (FP) calificó las afirmaciones del presidente como “imprecisas y contrarias a los datos oficiales”.

El secretario de Asuntos Económicos de la FP, Daniel Toribio, afirmó que la deuda actual no se ha utilizado para pagar compromisos anteriores, sino para mantener el gasto corriente del Estado, cubrir subsidios y financiar déficits fiscales.

De acuerdo con los cálculos presentados por Toribio, entre 2020 y 2025 el Gobierno dominicano ha requerido RD$2.2 billones en financiamiento total, equivalente a un promedio anual de RD$365 mil millones. Sin embargo, de ese monto solo RD$564 mil millones (25.6 %) corresponden a aplicaciones financieras destinadas a amortizar deudas previas, mientras que el resto, más de RD$1.6 billones, ha sido destinado al gasto corriente.

Toribio también cuestionó la narrativa oficial de que el Gobierno ha reducido la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), argumentando que se trata de una reducción “meramente estadística” provocada por la recuperación económica posterior al cierre del 2020.

El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también reaccionó a las declaraciones presidenciales.

A través de una serie de publicaciones en la red social X (antes Twitter), señaló que las afirmaciones del mandatario “no se corresponden con la realidad fiscal ni con los registros oficiales”.

Jiménez citó datos de la Dirección General de Crédito Público, según los cuales entre septiembre de 2020 y agosto de 2025 el Gobierno desembolsó US$38,302 millones, de los cuales US$17,660 millones fueron destinados a amortización de deuda y US$18,991 millones representan nuevo endeudamiento neto.

Jiménez insistió en que la reducción del indicador deuda/PIB no se debe a un manejo prudente, sino al efecto rebote tras la reapertura económica en 2021. Recordó que el país ya había experimentado reducciones similares en períodos anteriores, específicamente entre 1986 y 1996, 1996 y 2000, y 2004 y 2008, lo que desmiente que se trate de un logro exclusivo de la actual administración.

Además, alertó sobre el deterioro de las cuentas fiscales y el crecimiento del déficit corriente, que —según dijo— significa que el Estado gasta más en operaciones diarias de lo que recauda, obligándolo a endeudarse para financiar su funcionamiento. “El gobierno se endeuda mucho, pero construye poco”, concluyó.

El PRM defiende su gestión

Desde el oficialismo, la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) respaldó las declaraciones del presidente y citó cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) que muestran una reducción del peso de la deuda pública en relación al PIB.

El PRM explicó que el Gobierno ha tenido que ejecutar operaciones de manejo de pasivos para atender deudas heredadas, sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni el crecimiento del país, que se ha mantenido entre los más altos de la región.

Por: Joan Vargas

El Senado de la República decidió suprimir del proyecto que modifica el Código de Trabajo la disposición que buscaba aplicar de forma obligatoria el cobro del 10 % de propina en los pedidos realizados a través de plataformas digitales, como parte de las reformas al régimen laboral que se discuten actualmente.

La modificación fue introducida por el senador Alexis Victoria Yeb, quien propuso mantener el esquema actual en el que el cobro de la propina legal se limita exclusivamente a establecimientos de expendio de comidas y bebidas, dejando fuera los servicios por aplicaciones móviles o de entrega a domicilio.

Con esta decisión, el Senado frena una de las propuestas más debatidas dentro del nuevo Código de Trabajo, al considerar que el cobro automático del 10 % en pedidos digitales generaría distorsiones en el consumo y afectaría directamente a los usuarios de plataformas tecnológicas.

Durante la misma sesión, también fue acogida una enmienda presentada por el senador Rafael Barón Duluc que establece nuevas atribuciones al Ministerio de Trabajo, incluyendo su papel como ente responsable de diseñar y ejecutar políticas laborales, garantizar la salud y seguridad en el empleo, y supervisar el cumplimiento de la legislación vigente.

La reforma al Código de Trabajo, impulsada por los senadores Manuel Rodríguez, Cristóbal Venerado Castillo, Julito Fulcar, María Mercedes Ortiz, Johnson Encarnación Díaz y Secundino Velázquez, contempla además la regulación del trabajo a distancia, el derecho a la desconexión y la flexibilización de jornadas laborales, entre otros cambios orientados a modernizar la normativa vigente.

Aunque se avanzó en varios artículos, el proyecto fue dejado sobre la mesa para continuar su conocimiento en la próxima sesión, convocada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, para este jueves a las 10:00 de la mañana.