José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Carlos Peguero y las empresas Inprosol S.R.L. y AURIX S.R.L. dirigían un esquema de «espionaje ilegal» con el fin de utilizar la información de cámaras PTZ en varias intersecciones.

Así consta en la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público contra los implicados en la operación Camaleón, que señala que la manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento representan una amenaza directa a la privacidad y seguridad.

«Este comportamiento constituye una violación grave de la seguridad pública, dado que implica espionaje ilegal y potencial extorsión, utilizando tecnología de control de tráfico para fines criminales», detalla el documento en la página 66.

Transcore Latam S.R.L. no solo instaló elementos distintos a los ofertados, sino que también agregó otros de manera unilateral, como fibra óptica, nodos de concentración y Kits Starlink, los cuales no formaban parte de la oferta técnica original.

Según el órgano acusador, la empresa justificó estos cambios argumentando que estaban dentro de las opciones de «red de redundancia e hiperconvergencia».

El documento explicó que Transcore Latam S.R.L. alegó que estos cambios estaban contenidos en el pliego de condiciones, aunque este no especificaba ni autorizaba la instalación de dichos elementos.

«Esto representa una acción unilateral sin aprobación ni claridad sobre cómo se facturarían dichos costos, particularmente en el caso de la instalación de fibra óptica y Starlink».

Lea también: Leonel Fernández denuncia espionaje desde el sistema de semáforos

Además, se descubrió que los equipos, como la fibra óptica, fueron adquiridos a la empresa Inprosol S.R.L., cuyo socio mayoritario, Carlos Peguero, actuaba como supuesto testaferro de José ‘Jochi’ Gómez.

«Un aspecto preocupante es que algunos de los cables estaban etiquetados con el nombre ‘AURIX,’ lo cual no tiene una justificación técnica dentro del proyecto, sugiriendo una conexión indebida con otras empresas privadas».

El documento señala que, durante la auditoría, los peritos observaron que las cámaras instaladas, que incluían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real, almacenaban un volumen significativo de datos.

Sin embargo, la empresa no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información.

Los servidores presentados resultaban insuficientes para manejar el volumen de datos, lo que generaba dudas sobre la capacidad del sistema para funcionar como se había propuesto.

Además, los reguladores antiguos no parecían tener la tecnología adaptada para gestionar el tráfico de manera autónoma, como se había anunciado inicialmente.

Implicados

El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo, dado el volumen de pruebas y la gravedad de las imputaciones contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.

El Ministerio Público presentó, entre otras pruebas, un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. También se presentó evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, todos ellos elementos claves del proceso.

Los imputados en Operación Camaleón son investigados por conductas típicas a lo establecido en los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Así como, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de Acivos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, artículos 66, 67 y 69 de la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.

Por: Edili Arias

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la creación de la Dirección Antirruido de la Policía Nacional para mejorar la capacidad de respuesta ante las denuncias de contaminación sónica.

Al concluir la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, que estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, Raful explicó que la nueva dirección de la uniformada tendrá presencia en 19 departamentos regionales y 50 divisiones.

“Ha quedado constituida y a partir de este momento esperamos que la capacidad de respuesta de nuestros organismos sea mucho más eficiente para las denuncias en contra de la contaminación sónica que venimos contrarrestando con una intervención, como fuerza de tarea, desde hace más de un mes en todo el territorio nacional”, expresó.

La funcionara señaló que, gracias a esas intervenciones, los indicadores de conflictividad social se han reducido en más de un 30% en todo el territorio nacional.
Explicó que lo aindicadores presentado durante la reunión de seguimiento establecen que, durante la primera semana de octubre en 29 territorios de unos 35 intervenidos, no se han registrado homicidios.

“Eso quiere decir que el abordaje y el trabajo que se está haciendo de manera conjunta con intervenciones territoriales, controlando los espacios públicos, el expendio y control de bebidas alcohólicas fuera de las horas que la norma establece, así como también la presencia de menores de edad en lugares de expendiendo está dando resultado”, manifestó Raful.

La ministra de Interio y Policía recalcó que para trabajar efectivamente la seguridad ciudadana se debe abordar de manera conjunta y garantizando una convivencia pacífica y el respeto a los derechos de todos.

Por: Joan Vargas

El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, junto a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix SAS, y los demás implicados en el caso «Camaleón», crearon una compleja red de espionaje satelital y  realizaron extracciones ilegales de información telefónica.

Así consta en la solicitud de medidas de coerción presentadas por el Ministerio Público contra los acusados, la cual también detalla que utilizaron drones estratégicamente ubicados en diversas zonas de la ciudad para realizar videovigilancia para uso ilícito.

Así consta en la solicitud de medidas de coerción presentadas por el Ministerio Público contra los acusados, la cual también detalla que utilizaron drones estratégicamente ubicados en diversas zonas de la ciudad para realizar videovigilancia para uso ilícito.

El documento señala que esta «red criminal» no solo atacó infraestructuras críticas del Estado, generando caos en el sistema de tránsito, sino que también adquirió bienes de alto valor, incluidos inmuebles y vehículos blindados.

En la solicitud de medida de coerción se destaca que los imputados habrían incurrido en lavado de activos derivados de sus actividades delictivas y se infiltraron en las investigaciones que se iniciaron para obstruir su avance.

Entre los implicados, además de Beras y Jochi, se encuentran Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.

Los imputados enfrentan cargos de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.

Por: Awilda Cuello

Al tiempo en que la Dirección General de Migración intensifica los operativos de interdicción en las calles del Gran Santo Domingo y otros puntos del país en busca de inmigrantes haitianos indocumentados para repatriarlos, como parte del plan del gobierno, trabajadores haitianos dicen que pese a tener documentos son apresados.

La intensificación de los operativos de Migración es recibido con escepticismo por algunos dominicanos, ya que dicen que el problema está en la frontera y por ende hasta que no fortalezcan los controles estarán repatriando en vano a los indocumentados.

En el operativo a “gran escala” para repatriar al menos 10,000 haitianos indocumentados por semana inició en el territorio nacional con la participación de militares de los distintos cuerpos castrenses, policía y el Ministerio Público.

Trabajadores migrantes, que eran abordado este viernes en los camiones de migración denunciaron que pese a tener sus documentos son detenidos.

Haitianos residentes en el país catalogan los operativos como una persecución que propaga el temor tanto para quienes poseen sus documentos, como también para quienes se encuentran irregular en el país, ya que dicen que son abordados por los agentes de forma agresiva.

De acuerdo a un miembro de la Dirección General de Migración, solo en el Distrito Nacional este viernes ha desplegado 17 equipos de interdicción.

Hasta el mediodía de este viernes, Migración había detenido mil 100 indocumentados. El operativo que inició en el día de ayer fue desplegado pasadas las 4 de la madrugada.

Por: Sandy Cuevas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró este sábado el estado de emergencia en 35 condados en anticipación al previsible impacto de la tormenta tropical Milton, que hacia mediados de la próxima semana podría llegar a la costa oeste de este sureño estado, posiblemente como un huracán mayor.

La declaración de emergencia permitirá agilizar los preparativos ante los esperados efectos de Milton, que podría tocar tierra en Florida como un huracán de categoría 3 o más.

Estos preparativos tienen lugar en momentos en que prosiguen las tareas de recuperación tras el impacto el pasado 26 de septiembre del poderoso huracán Helene, de categoría 4, que ha causado al menos 227 muertos y centenares de desaparecidos en seis estados.

«Continuaremos organizando recursos estatales de cara a prepararnos para una búsqueda y rescate eficientes, restauración de energía y limpieza de carreteras», señaló hoy DeSantis en una publicación en su cuenta oficial de X.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EEUU pronosticó hoy que la tormenta Milton, que este domingo presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 millas), se convertirá en una huracán entre la noche de este domingo y el lunes, y que «podría convertirse en un huracán mayor mientras se mueve a través del centro y el este del Golfo de México» rumbo a Florida.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, en inglés) alertó a los floridanos este sábado de que el estado puede sufrir marejadas ciclónicas y fuertes lluvias, en especial en las áreas que ya se han visto afectadas por Helene, que ya se ha convertido en el más mortífero en Estados Unidos desde el Katrina, que en 2005 dejó más de 1.800 muertos.

Entre los condados incluidos en la orden ejecutiva firmada por DeSantis figuran también los del centro de Florida, precisamente donde se asientan los parques temáticos de Walt Disney World y que podrían cerrar en previsión a los efectos de Milton, de acuerdo a medios locales.

Por: EFE