La reciente Sentencia TC/1225/25 del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto los artículos que penalizaban a policías y militares por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, generó un amplio debate nacional y el rechazo de sectores políticos y religiosos que consideran que la decisión modifica principios éticos y disciplinarios dentro de los cuerpos castrenses.
La sentencia declaró inconstitucionales los artículos 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, que imponían hasta dos años de prisión a miembros de ambas instituciones por conducta sexual consensuada entre personas del mismo sexo, incluso fuera de servicio.
El TC fundamentó su decisión argumentando que estas normas eran discriminatorias, atentaban contra la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, y no guardaban relación con los fines legítimos de disciplina militar.
Castro Marte acusó al TC de “encumbrar la sodomía al estatus de fuerza de ley” y llamó al pueblo dominicano a “pronunciarse en todos los términos permitidos” contra lo que calificó como un “adefesio legal”.
Políticos divididos
El senador de La Romana por el Partido Fuerza del Pueblo, Eduard Espiritusanto expresó su desacuerdo absoluto con la sentencia.
“Vamos mal… cada quien con su vida puede hacer lo que entienda, pero públicamente así no estamos de acuerdo. Somos un país que debe seguir implementando valores”.
De su lado Bernardo Alemán, senador de la provincia Montecristi también rechazó la sentencia y criticó la inclusión de personas homosexuales en cuerpos militares.
En tanto que el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, pidió prudencia antes de fijar posición.
“No quiero opinar en base a un titular. Les pido que me permitan leer bien la sentencia antes de dar una opinión mejor edificada”.
De su lado el senador Antonio Taveras mantuvo una postura institucional alegando que “respeto la sentencia del Constitucional; como legislador, la respeto”.
El diputado Tobías Crespo, del partido la Fuerza del Pueblo, aseveró que se deben respetar los derechos de las minorías, pero que estas, a su vez, deben respetar a las mayorías.
Pelegrín Castillo advierte efectos “más amplios”
El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, afirmó que la sentencia podría usarse como precedente para otros ámbitos, incluyendo instituciones religiosas.
“Si se acepta ese criterio, se invocará para aplicarlo a los seminarios de la Iglesia Católica. La estrategia es la normalización progresiva del género a voluntad”.
También cuestionó que, según él, el TC debió consultar a las instituciones militares:
“Era de rigor consultar a instituciones que pueden verse afectadas en moral, disciplina e imagen. ¿Cuál fue la posición oficial del Poder Ejecutivo?”
Evangelicos: Codue y Conacope denuncian un “peligroso precedente”
El pastor Feliciano Lacen calificó la sentencia como: “un atentado directo contra las buenas costumbres y la moral pública”.
Afirmó que la decisión abre la puerta para permitir relaciones homosexuales dentro de los cuerpos militares, lo que a su juicio podría afectar disciplina y orden.
CONACOPE
El Reverendo Adolfo Mateo fue aún más lejos, asegurando que la sentencia:
“Establece un grave precedente que abre las puertas a la inmoralidad dentro de las instituciones castrenses”.
Mateo advirtió que la medida podría impactar la disciplina, la jerarquía, la cohesión interna e incluso la estabilidad social:
“Cuando la inmoralidad permea las instituciones castrenses, las consecuencias alcanzan a toda la nación”.
El fundamento del Tribunal Constitucional
En la sentencia TC/1225/25, el Tribunal Constitucional determinó que prohibir o penalizar relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo:
- viola la dignidad humana,
- constituye una discriminación por orientación sexual,
- invade la vida privada,
- y contradice los artículos 7, 38, 39, 43 y 44 de la Constitución dominicana.
El TC recordó que sus decisiones son vinculantes para todas las instituciones del Estado, incluyendo autoridades policiales y militares.
La acción fue presentada por los abogados Anderson Javiel Dirocie De León y Patricia M. Santana Nina, quienes celebraron la decisión:
“Es un precedente histórico en la lucha contra la discriminación por orientación sexual”.
Un fallo que divide profundamente a la sociedad dominicana
Mientras sectores políticos y religiosos consideran que la sentencia “amenaza valores” y debilita la disciplina militar, defensores de derechos humanos celebran el fallo como un avance histórico en igualdad y libertad individual.
Fuente: El Dia
