El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, ratificó la prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados en el proceso por el presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
De la misma manera dispuso la variación de la medida de coerción a Rafael Luis Martínez Hazim, a quien impuso arresto domiciliario y una garantía económica de 15 millones de pesos.
El magistrado tomó la decisión durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción, al considerar que no han variado los presupuestos que justificaron la prisión preventiva de cinco de los encartados.
En consecuencia, tanto Hazim como Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spiekler Mateo continuarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
El tribunal entendió que, en esos casos, persisten los riesgos procesales, tomando en consideración la gravedad de los hechos atribuidos, el perjuicio económico investigado y la necesidad de garantizar la presencia de los imputados durante el desarrollo del proceso.
Arresto domiciliario para Rafael Martínez Hazim
En cambio, el juez acogió los nuevos presupuestos presentados a favor de Rafael Luis Martínez Hazim y dispuso la variación de su medida de coerción, al considerar que correspondía someter su situación particular a un examen de proporcionalidad.
La nueva medida incluye arresto domiciliario, una garantía económica de 15 millones de pesos mediante contrato de fianza, impedimento de salida del país sin autorización judicial y colocación de un localizador electrónico.
Entre los argumentos presentados por su defensa figuraron que el imputado no tiene participación accionaria en las empresas investigadas y que no presenta riesgos procesales que justifiquen mantenerlo bajo prisión preventiva.
Al ponderar los elementos aportados, el magistrado tomó en cuenta las circunstancias particulares de cada encartado y la proporcionalidad de las medidas de coerción.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 26 de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual comenzarán a correr los plazos legales para que las partes puedan interponer los recursos correspondientes.
Posición de las defensas y el Ministerio Público
Durante la audiencia, Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, informó al tribunal que no contaba con nuevos presupuestos y que no se oponía a que se mantuviera la prisión preventiva. En igual sentido se pronunciaron los representantes legales de Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones.
Sin embargo, el abogado Jaime Caonabo Terrero, representante de Francisco Iván Minaya Pérez, presentó nuevos presupuestos, al igual que la jurista Ivana Rodríguez, quien representa a Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiekler Mateo.
Ante esos planteamientos, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, solicitó rechazar las solicitudes de las defensas y mantener la prisión preventiva, alegando que los documentos presentados no constituían nuevos presupuestos y habían sido sometidos anteriormente al conocimiento del tribunal.
Defensa de Hazim espera acusación
Al término de la audiencia, Miguel Valerio manifestó su conformidad con la decisión que mantuvo a su representado en prisión preventiva y explicó que la defensa espera la presentación de la acusación formal del Ministerio Público para fijar posición sobre los hechos investigados.
El jurista sostuvo que, conforme al calendario del proceso, dentro de un mes habría concluido la investigación, por lo que consideró que ese será el momento procesal oportuno para responder a las imputaciones.
Valerio indicó que, pese a las condiciones de salud de Hazim, su equipo legal no ha solicitado la variación de la medida de coerción.
Asimismo, identificó al actual director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, como un testigo importante para esclarecer la situación financiera de la institución y explicar el déficit al que se ha hecho referencia.
“Edward Guzmán será un testigo muy importante a los fines de que pueda demostrar el déficit que dijo que hay en esa ARS y qué pasó, porque él era presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social”, sostuvo.
Agregó que Guzmán ha señalado que durante su gestión continúan produciéndose actos delictivos en la institución, mientras que, según la versión de la defensa, Hazim fue un luchador contra esas prácticas.
Por: Ramon Cruz Benzan
