El ortopeda y traumatólogo Lorenzo Brea expresó este jueves su preocupación por las implicaciones que podría tener el nuevo Código Penal Dominicano sobre el ejercicio de la medicina, al considerar que la nueva legislación introduce un escenario de mayor presión penal y judicial para los profesionales de la salud.
Brea recordó que la medicina no es una ciencia exacta, ya que trabaja con seres humanos, emergencias y decisiones que en muchas ocasiones deben tomarse en cuestión de segundos.
“La medicina tiene riesgos inherentes, incluso cuando todo se hace correctamente. No todo resultado negativo significa negligencia, no toda complicación médica es mala práctica y no toda muerte hospitalaria implica culpa penal”, afirmó.
El especialista se expresó sus consideraciones junto a los galenos Sergio Solís, Pablo de la Mota, Rosmeri Jáquez, Elías Grullón y Rafael Pérez en el programa “Hablando de Salud”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
Brea señaló que aunque la sociedad tiene derecho a exigir justicia cuando existe negligencia comprobada, también es importante evitar que los médicos ejerzan bajo una amenaza permanente de procesos penales.
“Un médico que trabaja con miedo no trabaja igual. Eso termina afectando al paciente, al hospital y al sistema completo”, sostuvo.
Explicó que la nueva normativa endurece las sanciones por homicidio culposo y lesiones derivadas de imprudencia médica e introduce conceptos como la denominada “imprudencia consciente”, mediante la cual un profesional podría enfrentar consecuencias agravadas si se interpreta que actuó con conocimiento de los posibles riesgos de sus acciones.
Asimismo, destacó que la legislación incorpora un elemento novedoso al establecer la posibilidad de responsabilidad penal corporativa para centros de salud.
“Por primera vez, no solamente podría investigarse al médico individual, sino también al hospital, la clínica o la institución sanitaria por fallas de supervisión, protocolos o controles internos. Las sanciones podrían incluir multas, clausuras e incluso la disolución judicial en casos extremos”, explicó.
El experto advirtió que este nuevo escenario podría fomentar la denominada medicina defensiva, caracterizada por la realización de estudios adicionales, referencias innecesarias y una mayor reticencia a asumir casos complejos o especialidades de alto riesgo, como traumatología, neurocirugía, obstetricia y emergenciología.
“Cuando el temor penal supera el criterio clínico, el sistema de salud comienza a enfermarse también. Estos planteamientos no buscan justificar actos de negligencia médica”, manifestó.
Declaró que la nueva legislación obliga al sector salud a fortalecer sus procesos internos mediante protocolos más rigurosos, mejores mecanismos de consentimiento informado, protección de datos médicos, auditorías permanentes, capacitación legal y sistemas de cumplimiento institucional más robustos.
“El médico negligente debe responder por sus acciones. El verdadero desafío es que el sistema pueda diferenciar claramente entre negligencia real, error humano inevitable, complicaciones médicas propias de la práctica y limitaciones estructurales del sistema de salud”, puntualizó.
Brea recordó que muchos profesionales desarrollan su labor en condiciones de alta presión, con déficit de personal, falta de equipos, escasez de camas y una demanda constante de atención médica.
En ese orden, advirtió sobre el posible impacto económico derivado del aumento de los riesgos legales asociados al ejercicio médico.
Indicó que los profesionales podrían verse obligados a invertir más recursos en seguros de mala práctica, asesoría jurídica y mecanismos de protección patrimonial, una realidad que ya se observa en numerosos países desarrollados.
“Al final, gran parte de esos costos termina trasladándose al paciente mediante el incremento de consultas, procedimientos, cirugías, internamientos y otros servicios de salud”, señaló.
El doctor Lorenzo Brea afirmó que el debate nacional debe ir más allá del endurecimiento de las sanciones y centrarse en cómo garantizar simultáneamente la protección de los pacientes, la seguridad jurídica de los profesionales y la sostenibilidad del sistema sanitario.
“La gran pregunta no es solamente si el nuevo Código Penal castiga más. La verdadera pregunta es si el sistema de salud dominicano está preparado para enfrentar las consecuencias médicas, económicas y humanas de esta nueva realidad jurídica”, subrayó.
Por: Pedro Hernandez
