Los operadores de juegos de azar en República Dominicana deberán iniciar un proceso de transformación para adecuarse a nuevas exigencias regulatorias, tecnológicas y de cumplimiento, tras la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que regula ese sector, advirtió la abogada y especialista Yamile Gutiérrez.
A la espera de la decisión del Poder Ejecutivo, Gutiérrez señaló que los operadores deben comenzar a evaluar los cambios que contempla el nuevo marco legal, entre ellos la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), que funcionaría como ente autónomo de fiscalización.
El proyecto establece un plazo de un año para que los operadores actuales regularicen su situación, actualicen sus documentos y conecten sus plataformas tecnológicas a los sistemas establecidos por la nueva regulación.
En el caso de las concesionarias de loterías electrónicas que mantienen contratos estatales, estas deberán sustituirlos por una nueva licencia dentro del mismo período de adecuación.
La especialista también destacó que la normativa establece mayores controles sobre la estructura corporativa de las empresas, con exigencias de transparencia respecto de accionistas, administradores y beneficiarios finales.
Otro de los cambios corresponde a los juegos de azar por internet, actividad que quedaría sujeta a licenciamientos específicos y controles destinados a impedir operaciones no autorizadas.
El proyecto establece diferentes períodos de vigencia para las licencias. Para los bingos será de tres años; para bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas, cinco años; mientras que los casinos, bancas deportivas, licencias de tragamonedas y juegos de azar por internet tendrían una vigencia de 10 años.
La regulación también incorpora medidas de juego responsable, con disposiciones dirigidas a la protección de menores y la prevención de adicciones, además de avisos obligatorios en los establecimientos.
“Este es el momento para que cada operador realice un diagnóstico regulatorio de su empresa”, indicó la especialista.
Gutiérrez sostuvo que el régimen sancionador es uno de los aspectos que mayor atención debe generar entre los operadores, debido a que el cumplimiento de las disposiciones no se limitará al proceso inicial para obtener una licencia.
Explicó que las empresas deberán mantener durante toda la vigencia de sus permisos un nivel permanente de cumplimiento, mientras que el nuevo marco contempla sanciones que van desde multas administrativas hasta penas de prisión de hasta 10 años para directivos y accionistas en determinados casos de incumplimiento.
Fuente: El Nacional
