El inicio del nuevo año sorprende a la República Dominicana con avances indiscutibles —estabilidad macroeconómica, liderazgo regional en turismo y una trayectoria de crecimiento sostenido—, pero también con debilidades estructurales capaces de erosionar la estabilidad económica, social e institucional construida en las últimas décadas. 

El reto ya no es identificar los problemas sino resolverlos con coherencia, credibilidad y capacidad de ejecución.

Inversión pública: crecer sin improvisar

Uno de los retos es incrementar la inversión pública en al menos uno o dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Durante años, el gasto de capital no ha alcanzado lo que se necesitaba para acompañar el crecimiento de la economía y de la población. La gente ve el resultado en la vida de todos los días: las carreteras con tráfico, los sistemas de agua y drenajes que no funcionan y la infraestructura urbana que empieza a mostrar signos de agotamiento. 

Las estimaciones del Banco Mundial sitúan la inversión pública dominicana entre 1.5 y 2.5 % del PIB, con una ejecución efectiva que con frecuencia queda por debajo de lo presupuestado. Ese nivel resulta insuficiente para cerrar brechas acumuladas en infraestructura vial, agua, saneamiento, educación y salud, y está por debajo de lo que se considera necesario para sostener un crecimiento robusto en una economía de ingreso medio. 

Aumentar la inversión implica priorizar proyectos, mejorar la planificación, fortalecer la capacidad de ejecución y asegurar que cada peso invertido tenga impacto productivo y social. 

Deuda, presupuesto

Tras un 2025 de crecimiento modesto, cercano al 2.3 %, el desafío inmediato es al menos duplicar esa tasa. Se considera que ese nivel resulta insuficiente para generar empleo de calidad, aumentar ingresos reales y sostener políticas sociales ambiciosas.

Para lograrlo se requiere un entorno de confianza para la inversión privada, reglas claras, estabilidad jurídica y una política pública que evite improvisación. 

En el Presupuesto General del Estado del 2026, el servicio de la deuda es una de las mayores presiones sobre las finanzas públicas. El pago de intereses y comisiones llega a 324,000 millones de pesos, lo que equivale al 3.7 % del PIB. Esa cifra coloca al servicio de la deuda entre las partidas con mayor peso del gasto público.

Visto desde los ingresos, el impacto es aún más contundente: cerca del 24 % de los ingresos fiscales se destinarán exclusivamente al pago de intereses. En términos prácticos, casi uno de cada cuatro pesos recaudados se utilizará para honrar compromisos financieros acumulados, antes de financiar educación, salud, seguridad o infraestructura.

El peso creciente proviene del endeudamiento que roza el 60 % del PIB y del contexto internacional con tasas de interés más altas. El reto fiscal obliga al Gobierno a contener el déficit y evitar que el servicio de la deuda siga desplazando el gasto productivo y el gasto social. El servicio de la deuda se vuelve una carga para la política fiscal.

El sector eléctrico cae dentro de los cambios urgentes. Las pérdidas estructurales —técnicas y no técnicas— rondan los 1,800 millones de dólares anuales, una sangría sobre las finanzas públicas. Ese drenaje constante compromete el equilibrio fiscal y limita la capacidad del Estado para invertir en áreas. 

Turismo: sostenerlo sin descuidar la base

El turismo continúa siendo uno de los principales motores de la economía dominicana. El objetivo de alcanzar 12.5 millones de visitantes es ambicioso, pero viable si se mantiene el esfuerzo promocional, se diversifica la oferta y se protege la reputación del destino. Ese crecimiento necesita infraestructura adecuada, servicios públicos eficientes, seguridad y cuidado del medioambiente. 

El turismo depende de la percepción y un descuido en seguridad, en servicios o en la imagen puede borrar en semanas lo que tomó años construir.

Educación: más aulas, pero mejor calidad

La educación es un punto de la agenda nacional. A la falta de aulas y al deterioro de la infraestructura escolar se suma la calidad del aprendizaje. Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) muestran rezagos en la lectura, en las matemáticas y en las ciencias.

El informe PISA 2022 mostró avances respecto al 2018 y resultados del país que superan los anteriores, rompiendo la tendencia de estancamiento. La República Dominicana sigue por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se ubica entre los lugares al final de la clasificación internacional. Solo una parte de los estudiantes alcanza los niveles de competencia que se requieren, especialmente en las Matemáticas.

El desafío central es mejorar lo que ocurre dentro del aula: formación docente, currículos pertinentes, evaluación efectiva y continuidad en las políticas. Un salto cualitativo en educación es condición indispensable para que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo. 

Salud y una deuda social persistente

El sistema hospitalario ha mostrado avances en cobertura y capacidad, pero el reto ahora es consolidar y profundizar esa mejoría. La calidad del servicio, el abastecimiento oportuno y la gestión eficiente siguen siendo tareas. 

Aún con avances, la reducción del embarazo en adolescentes permanece como una deuda irresuelta. Con respecto a América Latina y el Caribe, la República Dominicana figura entre los países que tienen una incidencia que supera la media de 50–55 nacimientos por cada 1,000 adolescentes para situarse entre 70 y 90.

Las consecuencias son profundas: abandono escolar, inserción laboral precaria, reproducción intergeneracional de la pobreza y mayor presión sobre el sistema de salud. La experiencia regional demuestra que reducir estas cifras requiere políticas integrales y sostenidas, no esfuerzos aislados.

Seguridad ciudadana: firmeza dentro de la ley

La seguridad ciudadana sigue siendo una de las mayores preocupaciones de la gente. El desafío es mejorar la prevención y la capacidad de respuesta pública. El Estado tiene que mejorar la prevención y la capacidad de respuesta sin usar prácticas ilegales, como las ejecuciones extrajudiciales que dañan el Estado de derecho y debilitan la legitimidad del Estado. Para la seguridad sostenible se necesitará inteligencia, afianzar la profesionalización policial, justicia eficiente y respeto irrestricto a los derechos humanos.

El clima político

Es necesario evitar el deterioro del clima político. La polarización, el desgaste del debate público y la pérdida de confianza institucional son riesgos reales. La gobernabilidad no se mantiene solo con las mayorías electorales, sino que necesita credibilidad.

El escándalo en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) obliga al Gobierno a rescatar la confianza perdida mediante controles eficaces, transparencia y acciones legales contra todos los responsables del engaño en la seguridad social pública.

Surge un desafío transversal: renovar el gobierno para que sea coherente con una idea de eficacia y modernización. No basta con cambiar nombres o mover fichas; se requiere una administración orientada a resultados, con gestión profesional y rendición de cuentas.

El país no necesita un año de transición sino de decisiones. En el 2026, la República Dominicana vuelve a poner a prueba su capacidad de convertir desafíos en avances concretos.

Fuente: Diario Libre