Ya entró en vigor en Estados Unidos el impuesto del 1% a las remesas en efectivo, giros postales y cheques, establecido mediante la ley One Big Beautiful Bill, la cual impacta a los envíos de migrantes y libera a los realizados por los ciudadanos de ese país.

El impuesto entró en operación el pasado 1 de este mes y deja libre las transferencias digitales o bancarias, y según reportes internacionales crea una gran controversia, porque muchos migrantes carecen de cuentas bancarias en Estados Unidos.

México dispone de medios para esos fines, pero para evitar el impuesto a sus ciudadanos y que las remesas bajen por esa causa, ha anunciado una tarjeta bancaria que permita hacer transacciones hasta los US$10,000 por mes, pagando una tarifa fija de US$2.50 por cada transacción.

Según una publicación de la empresa especializada en envíos de dinero Wise, con sede en Londres, “la ley podría afectar a quienes viven en Estados Unidos y envían dinero regularmente al exterior a amigos y familiares y pagan en efectivo, cheques o giros postales” y cita como ejemplo a los estudiantes internacionales que envían dinero a sus familias en su país de origen, o los ciudadanos no estadounidenses que pagan regularmente por servicios en el extranjero.

Recuerda que la Gran y Hermosa Ley ha pasado por numerosas interacciones antes de alcanzar su tasa actual del 1%, ya que la propuesta inicial fue de una tarifa del 5%, pero la Cámara de Representantes la bajó al 3.5% hasta que quedó en 1%.

Además de México, se verán afectados migrantes de India, Filipinas, China y América Latina y el Caribe, incluyendo a República Dominicana.

Según el economista del Banco Mundial, Dilip Ratha, Estados Unidos es el principal país emisor de remesas, especialmente para América Latina y el Caribe, a cuyos países son enviados recursos de sus migrantes para ayudas y alimentos, especialmente cuando ocurren catástrofes.

Ingresos vitales

Las remesas enviadas por los trabajadores migrantes proporcionan ingresos vitales a millones de personas en las economías en desarrollo, en su blog: Remesas Resilientes, publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Indica que la forma más económicas de realizar envíos son las billeteras digitales a través de teléfonos inteligentes, pero que “el mercado de remesas es notoriamente oligopólico: una estructura similar a un cártel con un pequeño número de proveedores que ejercen el control a través de sus propias redes exclusivas”.

Además está limitado por engorrosas regulaciones destinadas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, lo que sofoca la competencia y ha hecho que muchos bancos se nieguen a prestar servicios de corresponsalía bancaria a las empresas de transferencia de dinero, especialmente a las startups fintech, por temor a infringir la normativa.

Estas prácticas de “reducción de riesgos” han llevado a los bancos a cerrar las cuentas de muchas empresas de transferencia de dinero, especialmente las que prestan servicios a economías frágiles, señala.

En el caso dominicano, el “Center for Global Development” estima que para RD la caída anual en remesas podría ser de unos US$234 millones, reveló en julio pasado el economista Nassim Alemany.

En ese momento, el también economista, Luis Manuel Piantini, consideró que el 1% de impuesto especial a las remesas enviadas por migrantes desde Estados Unidos, debería ser asumido por las empresas locales de envíos, con un tope, como una forma de no afectar esos fondos que representan el 10% del producto interno bruto dominicano (PIB), tomando en cuenta que oscilan entre US$10,000 y US$11,000 millones anuales.

A su entender, no cree que el 1% vaya a generar problemas en cuanto monto de los envíos, y lo considera “insignificante”, comparado con el costo de los envíos en el país, por lo que pudiera ser asumido por las empresas locales con una rebaja del 10% al 9% o del 5% al 4%, con un tope.

La medida excluye del impuesto el envío de los ciudadanos estadounidenses, si lo hacen desde una entidad bancaria estadounidense o mediante tarjetas de débito y crédito emitidas en EE.UU.

Para el decano de la Escuela de Economía de la UASD, Antonio Ciriaco Cruz, el impacto del 1% a las remesas, aprobado en el senado de los EE.UU. será marginal en el país, considerando que la aplicación del impuesto es para aquellos inmigrantes que estén en condiciones de indocumentados, Según opinó en julio pasado, luego de la aprobación de la ley.

“Si hay alrededor de 236,000 dominicanos indocumentados y los envíos promedio mensual son de US$254.6, su impacto sería de aproximadamente de US$100 millones anuales. Obviamente, en el país alrededor de 400,000 hogares dominicanos, que representan el 11.8% de todos los hogares en el país, reciben remesas. Estas remesas juegan un papel crucial en la economía dominicana, representando alrededor del 26% de los ingresos totales de los hogares que las reciben”, dijo.

Sepa más

Carga

• La ley “contempla excepciones para ciudadanos y nacionales de Estados Unidos”. Y, en esos casos, el impuesto no se aplicará si las remesas se realizan mediante un “proveedor calificado de transferencias de remesas”, que ha suscrito un acuerdo con el Departamento del Tesoro para verificar el estatus del remitente.

• El impuesto deberá ser cobrado a quien envía por el proveedor del servicio de remesas, quien será responsable de remitir el monto recaudado al Departamento del Tesoro de forma trimestral. Si el impuesto no sea recaudado en el momento del envío, el proveedor será considerado responsable secundario del pago.

• También establece un crédito fiscal para ciudadanos y nacionales de Estados Unidos, equivalente al monto del impuesto pagado por concepto de remesas durante el año fiscal y para reclamar ese crédito los contribuyentes deberán presentar su número de seguro social y demostrar que el impuesto fue pagado.

• Además, los proveedores de remesas estarán obligados a presentar reportes periódicos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) con información detallada sobre las transferencias realizadas, los impuestos cobrados y los remitentes que hayan declarado intención de reclamar el crédito fiscal.

Por: Cándida Acosta