Las autoridades de la localidad estadounidense de Springfield han ordenado evacuar el ayuntamiento por una amenaza de bomba después de que la derecha radical y Donald Trump hicieran correr el bulo de que migrantes haitianos comen mascotas.

“Debido a una amenaza de bomba enviada hoy a varios organismos en Springfield, el ayuntamiento está cerrado”, se lee en la cuenta oficial de la red social Facebook de esta pequeña localidad de 60,000 habitantes situada en el estado de Ohio (noreste).

Desde el lunes la ciudad es escenario de una polémica que afirma falsamente que los migrantes haitianos atacan a perros y gatos para comérselos.

La policía local lo ha desmentido categóricamente, al igual que numerosos medios de verificación de contenidos, como la AFP.

Pero el candidato republicano lo ha repetido varias veces desde el martes, cuando lo mencionó durante el debate televisado contra su rival electoral, la vicepresidenta Kamala Harris.

La Casa Blanca denunció una “teoría de la conspiración (…) con raíces racistas”.

“Este tipo de declaraciones, este tipo de desinformación es peligrosa, porque algunas personas se lo van a creer, por absurdo y estúpido que sea, y podrían reaccionar de una manera que podría causar heridos”, dijo el martes John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del ejecutivo.

“Vidas en peligro”

“Es la propagación de inmundicia (…) lo que pone vidas en peligro” en “las comunidades que están siendo difamadas”, sostuvo por su parte este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

El caso está alimentando la tensión y la confusión en Springfield, comprobaron periodistas de la AFP.

Al enterarse de la noticia de la amenaza de bomba, Mackenso Roseme, inmigrante haitiano, dejó su trabajo en un almacén de Amazon en la cercana ciudad de Dayton y se dirigió al colegio en el que estudia su hijo.

Allí se encontró con un cartel que decía en inglés, español y criollo que los niños habían sido evacuados al instituto.

“El momento actual, realmente, es preocupante”, declaró a la AFP. “Estoy un poco estresado. Creo que puede pasar algo”.

Las acusaciones antihaitianas en Springfield parecen haber emanado de un simple mensaje de Facebook, supuestamente de un habitante de Springfield, que cita a una amiga de la hija de un habitante, según la cual sus vecinos -presuntamente haitianos- intentaban comerse a su gato.

A pesar de la naturaleza altamente dudosa del rumor, Donald Trump y su entorno no parecen dispuestos a retractarse de sus afirmaciones.

“Ohio está inundado de migrantes indocumentados, la mayoría de ellos procedentes de Haití, que se apoderan de ciudades y pueblos a un ritmo nunca visto”, volvió a escribir el jueves el candidato republicano en su red social Truth.

En Springfield un grupo de clérigos impulsan iniciativas para rebajar la tensión.

Este jueves convocaron una rueda de prensa en la que rezaron juntos, con las manos entrelazadas y apelando a la unidad.

“Hoy sucedieron cosas, amenazas de violencia”, dijo a la AFP Wes Babian, expastor de una iglesia bautista local.

Por: AFP

A poco más de nueve meses de haber dejado el penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional repusiera el indulto humanitario que recibió en el 2017, el expresidente Alberto Fujimori falleció este miércoles en la casa de San Borja donde vivió con su hija Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y sus nietas en sus últimos días.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Fujimori se encontraba “delicado” de salud desde hace una semana.

Esto fue confirmado por el subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien subrayó que el exmandatario estaba “pasando por un momento muy difícil”. “Estamos rezando por su recuperación”, expresó en breve comunicación con este medio.

Otras fuentes indicaron que desde que el expresidente sufrió una caída en junio último, que motivó que fuera intervenido quirúrgicamente de la cadera, su salud se fue resquebrajando. Agregaron que los rezagos de ese golpe y las quimioterapias que recibió para el cáncer a la lengua que lo aquejaba motivaron su deterioro.

Las mismas fuentes señalaron que le han solicitado a Hiro y Sachie Fujimori, quienes viven en Japón y Alemania, respectivamente, que viajen a Lima.

Además, contaron que el sacerdote que visitó al exmandatario pasada la 1 de la tarde de este miércoles fue a darle los santos óleos.

La Presidencia de la República, a través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó su “preocupación” por la salud de Fujimori e hizo “votos por su pronta recuperación”. “Extendemos a su familia, nuestra solidaridad y fuerza”, agregó la institución.

Fuentes cercanas Palacio de Gobierno refirieron a El Comercio que la administración de Dina Boluarte “seguirá estrictamente los protocolos fijados por la cancillería”. Es decir, le rendirán honores de Estado a Fujimori.

El Decreto Supremo N.096-2005-RE, en su artículo 59, establece que, al conocerse el fallecimiento de un expresidente, “se izará a media asta el Pabellón Nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, establecimientos policiales y demás dependencias del Estado y se decretará duelo oficial el día de la inhumación de los restos mortales en consideración a su alta investidura”.

La norma no excluye a los exmandatarios que hayan recibido condenas o que hayan roto el orden democrático.

• La última carta

En junio último, Fujimori se afilió a Fuerza Popular, partido fundado por su hija Keiko Fujimori, y luego, en una carta dirigida a El Comercio, anunció su decisión de retornar a la política activa.

“Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos”, indicó en la misiva, escrita de su puño y letra.

Después de la publicación de esta carta, la lideresa de Fuerza Popular adelantó que su padre sería el candidato presidencial de su partido en las elecciones generales de 2026.

“Será un excelente candidato, un gran presidente. El 2026 haremos campaña con el ritmo del chino […] Alberto Fujimori llegará a la segunda vuelta”, dijo entonces Keiko Fujimori a este Diario.

No obstante, los abogados constitucionalistas Aníbal Quiroga y Natale Amprimo coincidieron en señalar que el ex jefe de Estado estaba impedido de postular.

“Él no es inocente, la gracia presidencial que recibió lo releva del cumplimiento de la pena, un indultado mantiene el estatus de condenado hasta que termine su pena y luego pide la rehabilitación. No ha sido absuelto, su sentencia [de 25 años] no ha sido quebrada o anulada, está vigente. El indulto permite que no esté en la cárcel”, expresó Quiroga.

“El indulto lo único que hace es liberarlo de la pena a diferencia de lo que es una amnistía, que ahí sí los hechos son borrados. El indulto no lo declara inocente”, manifestó Amprimo.

Un gobierno autoritario

Fujimori, apodado como “El Chino” , nació en 1938 y ejerció como presidente entre 1990 y 2000, en un gobierno que derivó en autoritarismo. En la primera elección general que participó venció al escritor Mario Vargas Llosa. Un mes antes de la primera vuelta, solamente tenía el 2% de intención de voto.

El 5 de abril de 1992 dio un autogolpe con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Su gobierno disolvió inconstitucionalmente el Congreso, entonces compuesto de dos cámaras, y también intervino el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Convocó a la elección del Congreso Democrático Constituyente (CCD), que en 1993 aprobó una nueva Constitución, que hasta la fecha continúa vigente.

La caída del cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y el shock que estabilizó la economía, le permitieron a Fujimori lograr su reelección en 1995. Él se impuso al diplomático Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones Unidas, en primera vuelta con más del 50% de los votos.

Durante el decenio fujimorista se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se constituyó la mayor red de corrupción de la historia del Perú, encabezada por el asesor Vladimiro Montesinos.

En 2010, el entonces procurador anticorrupción, Pedro Gamarra, detalló que en ese tiempo se privatizaron empresas públicas por unos US$7.000 millones, pero al final de esa gestión solo se encontraron US$500 millones en el Tesoro Público.

En el 2000, Fujimori fue reelegido por segunda vez como presidente. Esa elección fue calificada por Transparencia como “un fraude estructural”.

En setiembre de ese año, tras la difusión del primer “vladivideo”, el entonces mandatario se vio forzado a anunciar que iba a llamar a nuevas elecciones. En la grabación, se observó a Montesinos entregándole fajos de dinero al congresista Alberto Kouri para que se pase a la bancada de Perú 2000, que lideraba Fujimori.

Dos meses después, ‘El Chino’ renunció a la Presidencia a través de un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta el 2005. En el 2007 fue extraditado al Perú desde Chile.

Cuatro condenas firmes

El ex jefe de Estado fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y secuestro agravado por las detenciones del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Ambos fueron aprehendidos ilegalmente el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori dio un golpe de Estado.

Según el fallo- emitido por el tribunal de la Sala Penal Especial, presidido por el juez César San Martín- Fujimori, Vladimiro Montesinos y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos aplicaron una “guerra de baja intensidad” y practicaron crímenes de Estado, de manera sistemática, en su lucha contra el terrorismo.

Para los jueces, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta no fueron hechos aislados. La sentencia, que tuvo 266 páginas, precisó que el autogolpe de 1992 permitió que todo el poder se centralizara en el exmandatario, desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y que se le brindara gran capacidad operativa al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

Sobre Fujimori también pesaron otras tres condenas firmes: por el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Montesinos; por el pago de US$15 millones como CTS al ‘Doc’; y por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas, el espionaje a políticos y periodistas, y la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial del diario “Expreso”.

El 24 de diciembre de 2017, en la víspera de Navidad, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le otorgó un indulto humanitario al ex jefe de Estado, luego de que una junta médica recomendara su liberación por “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

Kuczynski adoptó esta polémica decisión días después de que Kenji Fujimori y otros congresistas disidentes de Fuerza Popular votaran en contra de su vacancia.

En octubre de 2018, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca, anuló la gracia presidencial dada por PPK. Y a través de una resolución de 225 páginas, el juez dispuso además la ubicación y captura de Fujimori, a fin de que sea reingresado a prisión.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ordenó “la inmediata libertad” del expresidente Alberto Fujimori “bajo responsabilidad”, tras reponer su indulto y establece que una resolución de la Corte IDH no tiene competencia para ordenar que se ejecute una sentencia de un colegiado nacional.

Por: El Comercio Peru