Entre el martes 1 al domingo siete de octubre, la Dirección General de Migración (DGM) deportó y repatrió 9 mil 117 extranjeros, de los cuales 7 mil 217 corresponden a la jornada de masiva que inició el pasado jueves.

A través de un comunicado, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), manifestó que todo se realiza con respeto a los derechos humanos, con prudencia y con uso proporcional de la fuerza como planteo el presidente Luis Abinader en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional.

Lee Ballester aclaró que algunos de los interdictados que portaban documentos se les retuvo porque no presentaron identificación fiable que sustentara su presencia en República Dominicana.

Agregó que con relación a los menores de edad interdictados, se actúa conforme a la Ley 136 – 03 de niños, niñas y adolescentes y se trabaja en coordinación con el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (Conani), a los que llevan a espacios de protección especial para ellos y así garantizar sus derechos fundamentales y protegiendo su integridad física.

“Todos están siendo sometidos a un proceso de verificación para determinar su estatus migratorio en el país. Si están en condición irregular serán deportados a su país de origen”, se precisa en el comunicado de Migración.

Las jornadas de detención de extranjeros irregulares se realizan con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran) , la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El director de Migración precisó que esas acciones se realizan de acuerdo a lo que establece la Ley General de Migración 285–04, el Decreto de aplicación 631–11, con respeto a los derechos humanos, con prudencia y con el uso proporcional de la fuerza.

El pasado miércoles, el Gobierno anunció que se propone repatriar 10 mil migrantes indocumentados por semana como parte de una serie de medidas especiales anunciadas por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que buscan reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas.

El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Nacional explicó que los operativos de repatriación se realizarán con estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y dignidad de repatriados.

OEA

— Reunión
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos invitó a la delegación de dominicana a una sesión extraordinaria, a solicitud de la Misión Permanente de Haití, para considerar la situación de los migrantes.

Por: Joan Vargas

El Gobierno, a través de su Propuesta de Ley de Modernización Fiscal, estima recaudar 122,486.6 millones de pesos sobre la base de cuatro ejes.

La presentación fue realizada por Jochy Vicente, ministro de Hacienda, quien explicó que el proyecto de Modernización Fiscal «actuará como un mecanismo que habilite al Estado a responder a estas demandas y nos permita ser un país más desarrollado y equitativo. Esta reforma no es un fin, es un medio para lograr el país que los dominicanos merecemos».

Vicente enfatizó que este proceso, que hoy se inicia como Proyecto Nación, «es necesario para poder brindar mejores servicios a la ciudadanía: si no recaudamos más, no podemos invertir en lo que demanda la gente».

El proyecto consta de cuatro ejes:

1. Protección Social y aumento del salario mínimo.

2. Programas de inversión pública y gastos priorizados.

3. Reglas del juego igual para todos y combate a la evasión fiscal.

4. Simplificación y medidas tributarias.

Por: Dayana Acosta

 José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Carlos Peguero y las empresas Inprosol S.R.L. y AURIX S.R.L. dirigían un esquema de «espionaje ilegal» con el fin de utilizar la información de cámaras PTZ en varias intersecciones.

Así consta en la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público contra los implicados en la operación Camaleón, que señala que la manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento representan una amenaza directa a la privacidad y seguridad.

«Este comportamiento constituye una violación grave de la seguridad pública, dado que implica espionaje ilegal y potencial extorsión, utilizando tecnología de control de tráfico para fines criminales», detalla el documento en la página 66.

Transcore Latam S.R.L. no solo instaló elementos distintos a los ofertados, sino que también agregó otros de manera unilateral, como fibra óptica, nodos de concentración y Kits Starlink, los cuales no formaban parte de la oferta técnica original.

Según el órgano acusador, la empresa justificó estos cambios argumentando que estaban dentro de las opciones de «red de redundancia e hiperconvergencia».

El documento explicó que Transcore Latam S.R.L. alegó que estos cambios estaban contenidos en el pliego de condiciones, aunque este no especificaba ni autorizaba la instalación de dichos elementos.

«Esto representa una acción unilateral sin aprobación ni claridad sobre cómo se facturarían dichos costos, particularmente en el caso de la instalación de fibra óptica y Starlink».

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Además, se descubrió que los equipos, como la fibra óptica, fueron adquiridos a la empresa Inprosol S.R.L., cuyo socio mayoritario, Carlos Peguero, actuaba como supuesto testaferro de José ‘Jochi’ Gómez.

«Un aspecto preocupante es que algunos de los cables estaban etiquetados con el nombre ‘AURIX,’ lo cual no tiene una justificación técnica dentro del proyecto, sugiriendo una conexión indebida con otras empresas privadas».

El documento señala que, durante la auditoría, los peritos observaron que las cámaras instaladas, que incluían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real, almacenaban un volumen significativo de datos.

Sin embargo, la empresa no pudo explicar adecuadamente dónde ni cómo se procesaba esta información.

Los servidores presentados resultaban insuficientes para manejar el volumen de datos, lo que generaba dudas sobre la capacidad del sistema para funcionar como se había propuesto.

Además, los reguladores antiguos no parecían tener la tecnología adaptada para gestionar el tráfico de manera autónoma, como se había anunciado inicialmente.

Implicados

El Ministerio Público también solicitó que el caso sea declarado complejo, dado el volumen de pruebas y la gravedad de las imputaciones contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.

El Ministerio Público presentó, entre otras pruebas, un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. También se presentó evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, todos ellos elementos claves del proceso.

Los imputados en Operación Camaleón son investigados por conductas típicas a lo establecido en los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Así como, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de Acivos y Financiamiento del Terrorismo, artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, artículos 66, 67 y 69 de la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.

Por: Edili Arias

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la creación de la Dirección Antirruido de la Policía Nacional para mejorar la capacidad de respuesta ante las denuncias de contaminación sónica.

Al concluir la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana, que estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, Raful explicó que la nueva dirección de la uniformada tendrá presencia en 19 departamentos regionales y 50 divisiones.

“Ha quedado constituida y a partir de este momento esperamos que la capacidad de respuesta de nuestros organismos sea mucho más eficiente para las denuncias en contra de la contaminación sónica que venimos contrarrestando con una intervención, como fuerza de tarea, desde hace más de un mes en todo el territorio nacional”, expresó.

La funcionara señaló que, gracias a esas intervenciones, los indicadores de conflictividad social se han reducido en más de un 30% en todo el territorio nacional.
Explicó que lo aindicadores presentado durante la reunión de seguimiento establecen que, durante la primera semana de octubre en 29 territorios de unos 35 intervenidos, no se han registrado homicidios.

“Eso quiere decir que el abordaje y el trabajo que se está haciendo de manera conjunta con intervenciones territoriales, controlando los espacios públicos, el expendio y control de bebidas alcohólicas fuera de las horas que la norma establece, así como también la presencia de menores de edad en lugares de expendiendo está dando resultado”, manifestó Raful.

La ministra de Interio y Policía recalcó que para trabajar efectivamente la seguridad ciudadana se debe abordar de manera conjunta y garantizando una convivencia pacífica y el respeto a los derechos de todos.

Por: Joan Vargas