La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, impuso medida de coerción a los siete encartados en la estructura de corrupción del caso Camaleón y declaró complejo el proceso.

La magistrada dictó 18 meses de prisión el exdirector del Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Pedro Vinicio Padovani Báez, y a Jochi Gómez, este último propietario de la empresa Aurix, implicado en el caso Camaleón.

La magistrada envió a estos tres imputados a cumplir la prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

En tanto, impuso arresto domiciliario e impedimento de salida al imputado Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, mientras que dispuso presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica como medida de coerción a los imputados Frank Díaz, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.

El encartado Díaz deberá pagar una garantía económica de dos millones de pesos, en cambio, los imputados Álvarez Carbuccia y Peguero Vargas tendrán que pagar un millón de pesos.

El Ministerio Público los imputa de pertenecer a una red de corrupción del crimen organizado que se dedicaba al desfalco contra el Estado, falsificación, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras físicas, robo de identidad, lavado de activos y otros delitos.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que con la decisión de la jueza en este caso, triunfó la verdad sobre la mentira. Y que esa decisión del tribunal responde a la gravedad de los hechos y el daño causado al Estado.

Además, se valoraron evidencias de que los imputados estaban vigilando a miembros del sistema de justicia, lo que impulsó la decisión judicial, contrario a los alegatos de la defensa.

Indicó que sobre nuevas líneas de investigación que podrían resultar en la imputación de más personas y nuevas imputaciones.

“Ahora nos enfocaremos en seguir recabando evidencias y explorar nuevas líneas de investigación que podrían llevar a la identificación de nuevos imputados”, dijo el titular de la Pepca a la salida del tribunal.

El miércoles los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keila Pérez, Elías Santini y Arisleyda Méndez, entraron a la sala de audiencias durante la medida de coerción, luego que el Ministerio Público presentara ante la magistrada Veloz una lista ocupada a Gómez, en la cual figuran sus nombres y la de otros funcionarios del sistema judicial que son víctimas de espionaje por parte de la estructura a través de la empresa Aurix, de Jochi Gómez.

Revisión

— Medida
El 9 de enero del 2025, la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional verá la revisión obligatoria de la medida de coerción a los imputados.

Abogados apelarán a la decisión de prisión
Reacción. Los abogados de los imputados aseguraron que apelarán la decisión sobre prisión a sus representados, tras cuestionar las pruebas que los vincula con los hechos.

Laura Acosta, defensa de Hugo Beras, dijo que de inmediato recurrirá en apelación a esa decisión por no estar conforme con la misma, ya que la magistrada manifestó que, como se trata de un funcionario de alta jerarquía, existe riesgo para la investigación, a pesar que no está en esa posición.

Carlos Balcácer, uno de la defensa de Jochi Gómez, asegura que la jueza Fátima Veloz adoptó su decisión de imponer prisión preventiva por la presión que provocó la entrada a la audiencia de los tres magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado, tras de calificarlos de “payasos”.

Por: Teresa Casado

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, depositó este jueves ante el Senado de la República, el proyecto de ley de modernización y actualización del Código de Trabajo.

Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo, destacó que, tras más de 100 sesiones de trabajo del Consejo Consultivo del Trabajo, la Mesa Técnica Jurídica y reuniones tripartitas, República Dominicana tendrá una ley moderna, que fortalecerá los derechos de trabajadores y empleadores, con mayor capacidad de generación de empleos y aumento de la productividad y la competitividad.

Al hacer entrega del documento al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, De Camps, resaltó que con esta nueva legislación el Ministerio de Trabajo tendrá además mayor capacidad para el cumplimiento de la normativa laboral.

“Lo que estamos depositando aquí es producto del consenso entre trabajadores y empleadores. Ahora le toca al Congreso hacer realidad lo acordado y generar la modificación de esta ley, que tiene más de 30 años, para dotar al país de una normativa moderna y acorde con las expectativas de trabajadores y empleadores”, destacó el funcionario.

De Camps declaró que, con esta reforma laboral, se da un paso hacia la modernización de la normativa, incorporando nuevos derechos, reconociendo los existentes, ampliando otros y, sobre todo, fortaleciendo al Ministerio de Trabajo para que tenga mayor capacidad de hacer cumplir la legislación laboral.

Fuente: El Dia