El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, dijo hoy que teme que estudiantes dominicanos queden fuera de las aulas en el próximo año escolar debido a la ocupación de esas plazas por parte de familias haitianas que residen ilegalmente en el país.
El dirigente de la sociedad civil pidió a los padres dominicanos que inscriban sin demora a sus hijos en los planteles públicos para evitar sean desplazados por alumnos haitianos.
Asimismo, advirtió sobre los constantes y masivos asentamientos de haitianos indocumentados en los campos y barrios del territorio nacional y afirmó que esa situación constituye una “seria amenaza” para la soberanía y la integridad dominicana.
Demandó de las autoridades dominicanas que cumplan con las leyes migratorias mediante repatriaciones sistemáticas y masiva de haitianos indocumentados.
Igualmente, exigió “la estricta aplicación de las normativas laborales que garantizan el 80 por ciento de la mano de obra para los trabajadores dominicanos”.
El presidente del Instituto Duartiano se refirió al tema durante un encuentro con los miembros de la junta directiva del organismo, en su sede.
“Es un deber impostergable que los dominicanos aseguren el registro a tiempo de los menores para garantizar el derecho fundamental a la educación que establece el artículo 63 de la Constitución”, dijo Gómez Ramírez.
Además, instruyó a los Centros Duartianos el país para que colaboren con los directores de escuelas y liceos públicos, de manera que ningún alumno dominicano quede fuera de las aulas.
Gómez Ramírez respaldó la reciente medida de la Dirección General de Migración (DGM) de cancelar y someter a la justicia a los miembros de ese organismo que trafican con haitianos.
Indicó que el Instituto Duartiano “respalda de manera absoluta a la enérgica decisión de cancelar y someter a la justicia a varios de sus servidores que se apartaron de los postulados éticos institucionales”.
Gómez Ramírez catalogó como “sumamente grave” que oficiales llamados a combatir el tráfico de indocumentados se involucren en acciones criminales utilizando los medios de transporte oficiales, lo que constituye una conspiración contra la patria.
En ese sentido, reclamó una actuación contundente del Ministerio Público, para articular expedientes sólidos y consistentes de modo que garanticen la adopción de sanciones verdaderamente ejemplarizantes por parte de los jueces.
Asimismo, instó a todas las agencias de inteligencia del Estado a aunar esfuerzos para demostrar una real voluntad política contra la corrupción fronteriza, la cual, denunció, lejos de disminuir se vuelve cada vez más vigorosa y desafiante.
Por: Pilar Moreno
