La jueza presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, dictó tres meses de prisión como medida de coerción al procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir un soborno de US$10,000 por parte de un testigo vinculado a la red de corrupción del Seguro Nacional de Salud (SENASA), conocida como “Cobra”.
La magistrada envío al procurador fiscal a cumplir la prisión en el Centro Correccional y Rehabilitación de Najayo-Hombres, San Cristóbal.
La jueza impuso ducha medida de coerción a pesar que el Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara, acusado de soborno, concusión de funcionario y presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones.
La audiencia de la medida de coerción concluyó pasado de la 12:00 de la media noche
Detalles de los hechos cometidos por el procurador fiscal.
De acuerdo con el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026 el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
Durante el encuentro, el testigo abordó el vehículo del procurador fiscal, quien presuntamente utilizó información privilegiada sobre vínculos personales y propiedades para ejercer presión y dominio.
Según el expediente, el fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial a cambio de dinero. La solicitud inicial fue de US$200,000, monto que luego habría reducido a US$150,000 tras una negociación.
Además, habría mostrado interés en recibir un reloj de lujo marca Rolex y exigido la entrega de un vehículo Mercedes-Benz 350 o 450, color negro, rechazando opciones más económicas.
El imputado también habría ejercido presión mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, preguntó al testigo: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo. Asimismo, habría advertido sobre la posible judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo al pago del soborno.
El 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante el operativo también se ejecutó una entrega vigilada del dinero.
El Ministerio Público sostiene que el procurador fiscal se dedicaba a recibir sobornos a cambio de manipular investigaciones bajo su responsabilidad.
En ese contexto, solicita prisión preventiva contra el imputado, acusado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo clave en el caso SENASA, denominado “Cobra”.
Canaán Acta también figura como testigo en el caso que involucra al exdirector Santiago Hazim, actualmente detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, imputado de presuntas irregularidades durante su gestión.
Por: Teresa Casado
